El Barrio Malvinas I fue inaugurado entre los años 1982-83. Fue en su creación el cobijo de muchos funcionarios municipales y profesionales.
Actualmente está atravesando una grave crisis a raíz de la deuda que mantienen sus copropietarios, la cual ronda los 600 mil pesos. A su vez, el consorcio mantiene una deuda de aproximadamente $ 90 mil con la cooperativa y la AFIP.
Por su parte, según lo indicado por los referentes barriales, muchos de los copropietarios morosos no tendrían ningún interés en normalizar su deuda, la que en algunos casos dataría desde el año 1995.
Las cuotas que actualmente se están pagando van desde los 20 a los 70 pesos y, en muchos de los casos, las autoridades del consorcio actual han ofrecido a muchos de los vecinos pagar con trabajo.
Otro de los inconvenientes que atraviesa el barrio es el deterioro de los edificios, por el efecto lógico del paso del tiempo, las fallas constructivas que acompañan al barrio desde su inicio y la falta de mantenimiento y mejoras.
El Barrio Malvinas I se encuentra regido por la Ley 13.512 “Régimen Legal de la Propiedad Horizontal” que lo considera un barrio privado. Es por ello que no depende del aporte oficial para realizar mejoras algunas, sino de su propia recaudación. No es la misma situación la que vive el Barrio Malvinas II que no está bajo esta ley por lo cual recibe la asistencia del Gobierno y como consecuencia no pagan cuotas a ningún consorcio.
Los referentes administrativos del Consorcio del Barrio Malvinas I, Marta Crivelli y Rodolfo Landucci fueron quienes, a través de la prensa, dieron a conocer la problemática de estructura edilicia que aqueja al Barrio.
En su momento señalaron que los gobernantes se escudaban en la ley, diciendo que no tenían injerencia, que la ley no les permitía actuar.
Fue entonces que desde Noviembre último, los vecinos permitieron a la Diputada Silvia A. Petitti participar de una serie de reuniones, en las cuales le manifestaron sus inquietudes respecto a la situación planteada.
El principal inconveniente que manifestaron los vecinos fue su preocupación en cuanto a la posición impositiva del consorcio, quién había acumulado una importante deuda con AFIP, a raíz de la falta de pago de las cargas sociales de su personal.
Lógicamente, ante la falta de recursos, la administración priorizó el pago de sueldos, postergando el cumplimiento de dicha obligación previsional.
Por su parte, AFIP había intimado al consorcio exigiendo la cancelación de la deuda, abriendo las puertas para una medida mucho más severa: la ejecución de las viviendas. Lo más grave de la situación, es que quienes podrían ser afectados por tal medida serían los propietarios de las viviendas que han cumplido con el pago de las cuotas en tiempo y forma, ya que el 54% restante, al no estar cancelado totalmente, aún pertenece al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda.
Frente a esta situación, la prioridad era sanear económicamente al consorcio para evitar que muchos vecinos se quedaran en la calle.
Es por ello que la Diputada realizó una serie de gestiones para solucionar el problema, y fue así que logró que el Ingeniero Julio Jorge Rojo (Presidente del IPAV) atendiera a los vecinos, lo que significó el primer paso para destrabar la situación.
A su vez, la Diputada continuó trabajando y avanzando en el tema a través de sucesivas reuniones con funcionarios municipales y provinciales, hasta lograr lo que todos los vecinos estaban esperando: el saneamiento del consorcio. A esta medida se le suma el compromiso del Gobierno Provincial de enviar especialistas para que analicen la situación edilicia y a partir de allí diagramar los pasos a seguir para mantener los edificios en buenas condiciones.
De esta manera queremos llevar tranquilidad a los vecinos del Barrio y de la Ciudad, en virtud de los avances logrados en la solución de este problema, gracias a la gestión llevada a cabo por la Diputada Silvia A. Petitti.